El Mercurio, editorial, 17/03/2011.-
Aunque resulte contraintuitivo, el financiamiento del pre y posnatal es una de las asignaciones públicas socialmente más regresivas que existen en nuestro país. Esto, en primer lugar, porque las tasas de participación laboral y ocupación de la mujer varían dramáticamente según niveles educativos y de ingresos: la encuesta Casen muestra que la tasa de empleo entre las mujeres del 20 por ciento de menores recursos alcanza a sólo 17 por ciento, en tanto que entre las mujeres del quintil de mayores recursos es de 55 por ciento. Y también hay diferencias en las características de los contratos de trabajo de ambos grupos: de las trabajadoras dependientes del quintil más pobre, menos del 50 por ciento están contratadas por plazo indefinido. En cambio, entre las mujeres del quintil de ingresos más altos esa proporción llega a 79 por ciento. Una mujer que trabajó por plazo fijo, obra o faena y queda embarazada, por la naturaleza no indefinida de su contrato, difícilmente estará cotizando en el mes previo al comienzo del prenatal -requisito que el ordenamiento legal actual exige para acceder a los beneficios asociados a la maternidad-. Es mucho más probable que una trabajadora independiente pueda cumplir con este requisito, sobre todo ahora que se promueve la cotización de trabajadores independientes.
El actual proyecto de posnatal, en su aspecto quizás más interesante, incluye normas que ponen fin a este obstáculo. Así, establece que también accederán a esos beneficios las mujeres que hayan tenido ocho o más cotizaciones en los dos últimos años, una afiliación previsional de al menos 12 meses antes del embarazo, y cuya última cotización haya sido en virtud de un contrato a plazo fijo o por obra o faena. Por esta vía se corrige parcialmente la regresividad actual de los subsidios en este ámbito, favoreciéndose, entre otras trabajadoras, a las temporeras. Sorprende, sin embargo, que esta disposición beneficie sólo a las mujeres del quintil de menos ingresos. Parece excesivamente restrictivo y se va a criticar que no sea para todas las mujeres que estén en esta condición.
Otro aspecto positivo es que ordena los fueros asociados a la maternidad, definiendo que ellos alcanzarán a un año desde el nacimiento, y que en el caso de las trabajadoras contratadas por obra o faena o a plazo fijo, el fuero se extinguirá con el término de la obra o el cumplimiento del plazo. Parece razonable clarificar estos aspectos, lo que debería ser un aliciente para la contratación de mujeres, porque las incertidumbres en esta materia -como en otras- terminan desincentivando la contratación.
Asegurar una amplia cobertura de los actuales beneficios debe ser la primera prioridad de este proyecto. Su extensión, en cambio, es una materia más controvertida, por su eventual efecto sobre las oportunidades laborales de la mujer. El propio mensaje reconoce que los beneficios ya vigentes son generosos en el contexto latinoamericano -y cabe agregar que también al contrastarlos con los de naciones más desarrolladas-. Por cierto, es de recordar que estas disposiciones tienen como foco al niño, produciéndose una tensión entre su bienestar, por una parte, y la aspiración de la mujer a desarrollarse integralmente, por la otra, ya que desde la perspectiva profesional, las mayores potencialidades de ésta se dan precisamente durante la etapa fértil.
A su vez, el cuidado institucionalizado del niño -que, como ocurre en otras naciones, tarde o temprano es la opción que prima- sustituye sólo muy imperfectamente al cuidado parental. Equilibrar ambos objetivos es muy difícil, y tanto más hacerlo desde el Estado. Por eso, es razonable brindarle algún grado de autonomía a la mujer en este campo. Así, debería ser la norma general la opción de voluntariedad que se ha abierto para las trabajadoras que ganan más de 30 UF, en respuesta al hecho de que la ampliación del posnatal considera sólo ese límite.
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