martes, 12 de enero de 2010
Recuperación en justicia de familia - editorial - emol
La unidad de apoyo a la reforma de familia de la Corte Suprema, encabezada por el ministro Héctor Carreño, ha dado cuenta pública del plan ejecutado durante dos años para dar solución a los graves problemas de funcionamiento de los juzga- dos de familia. Entre los avances alcanzados resaltó la normalización en el agendamiento de audiencias, el uso y las adecuaciones del sistema informático de esta área, y la coordinación y estandarización de procesos, así como la aplicación de buenas prácticas ideadas en algunos tribunales.
Respecto del agendamiento de audiencias, las cifras aparecen positivas: en comparación con su fijación a nueve o 12 meses que se hacía en el peor momento de la crisis, ahora el 95 por ciento del total en todo el país (algo más de 42 mil) está programado dentro de un plazo de 60 días; 4,4 por ciento lo está entre 60 y 90 días, y sólo el 0,4 por ciento supera los 90 días. Lo anterior, no obstante que al 28 de diciembre pasado el ingreso de causas en los 60 juzgados de familia del país superó los 341 mil procesos, lo que significa un crecimiento de seis por ciento respecto de 2008.
Tales resultados son encomiables, dado que esta reforma judicial entró en crisis inmediata apenas puesta en marcha, por imprevisiones que habrían podido evitarse, insuficiencia de recursos, un diseño legal defectuoso y una deficiente implementación del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, como se reconoce en esa misma cuenta pública, es preciso seguir mejorando la calidad de las respuestas jurisdiccionales, para que éstas entreguen certeza sobre temas críticos, tales como violencia intrafamiliar, relación de padres e hijos y protección de menores.
Asimismo, es impostergable que el Gobierno modernice las redes asistenciales que se vinculan con los juzgados de familia -des- de luego, el Servicio Médico Legal y el Sename-, para evitar la postergación de audiencias por demora en los informes y, asimismo, para garantizar la capacidad de plazas suficientes para derivar a programas de intervención, ambulatorio o residencial.
Un notable esfuerzo del Poder Judicial ha venido logrando así buenos estándares de funcionamiento y la introducción de mecanismos de control eficaces, lo cual está permitiendo rescatar a esta reforma de su penoso colapso inicial y aumentar razonablemente los recursos y la dotación de jueces y funcionarios.
lunes, 11 de enero de 2010
Reforma a justicia de familia logró reducir plazos e instaurar mediación – emol – 05/01/2010
emol, Ximena Pérez, 05/01/2010, extracto.
Balance a cuatro años y tres meses de compleja puesta en marcha del sistema
El encargado de la unidad de apoyo a la reforma en la Corte Suprema aseguró que tras la normalización conseguida se apunta a mayor calidad del servicio. "Reducir los términos de agendamiento de 9 y 12 meses a 60 y 90 días es notable", destacó ayer con satisfacción el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño -jefe de la unidad de apoyo a la reforma de familia del máximo tribunal-. El juez hizo una evaluación del impacto de las medidas aplicadas tras el colapso del sistema, a poco de su puesta en marcha en octubre de 2005, y destacó que cuatro años después han logrado reducir ampliamente la espera por una audiencia.
lunes, 13 de abril de 2009
Justicia de familia, problema impostergable - emol - editorial
Justicia de familia, problema impostergable editorial, emol, 12/04/2009
"Esta justicia debe pronunciarse sobre temas fundamentales -violencia intrafamiliar, relación de padres e hijos, protección de menores, matrimonio civil, entre otros muchos-, que pueden afectar en cualquier momento a toda persona. Para que eso ocurra oportunamente, exige una gestión administrativa y jurisdiccional eficaz, que asegure a los usuarios estándares aceptables de servicio."
Justicia de familia, problema impostergable editorial, emol, 12/04/2009
Esta justicia debe pronunciarse sobre temas fundamentales -violencia intrafamiliar, relación de padres e hijos, protección de menores, matrimonio civil, entre otros muchos-, que pueden afectar en cualquier momento a toda persona. Para que eso ocurra oportunamente, exige una gestión administrativa y jurisdiccional eficaz, que asegure a los usuarios estándares aceptables de servicio.
Lamentablemente, la reforma que se puso en aplicación en octubre de 2005 entró en crisis inmediata, a resultas de un diseño legal defectuoso, deficiente implementación, múltiples imprevisiones e insuficiencia de recursos. Frente a los problemas de semejante inicio, ha sido preciso "reformar la reforma", con resultados aún muy insuficientes. En lo más inmediato, urge abordar la institucionalidad en materia de peritajes, hoy centralizada en el Servicio Médico Legal (SML). Además de estar bajo sumario de la Contraloría, por uso inadecuado de cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres en Santiago (adquiridas hace poco más de un año), el aumento en la demanda de peritajes de toda clase que enfrenta tanto por la nueva justicia penal como por la de familia ratifica una vez más los inconvenientes de la prestación estatal monopólica de estos servicios. Las rigideces en estructura y gestión del SML significan que las horas para realizar tests psicológicos a menores de edad en casos de tuición y abuso sexual se estén dando hoy para enero de 2011, plazo obviamente absurdo. Así, los afectados pagan, en la práctica, altísimos costos en términos de demora de los peritajes.
Hay algunos avances: la Unidad de Apoyo a la Reforma de Familia de la Corte Suprema, con apoyo de especialistas en litigación de la U. Diego Portales y profesionales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ha organizado talleres de perfeccionamiento para los jueces de esta especialidad de los tribunales de Santiago, Pudahuel y Colina. Esta iniciativa -que debería ampliarse a los juzgados de familia de las principales jurisdicciones del país- surgió del diagnóstico por parte de la referida unidad de apoyo, que identificó como críticamente urgente fortalecer las habilidades y capacidades de los magistrados en la dirección de audiencias. Con esto se busca corregir ciertas prácticas negativas que ya se han asentado en el sistema y sus operadores, además de promover la resolución de las causas en las audiencias preliminares o preparatorias, lo que tendría un efecto inmediato en la descongestión de las agendas de los tribunales.
Acertadamente, se han incluido en estas jornadas de perfeccionamiento temas relacionados con la gestión y administración de estos tribunales. Es prioritario contar con procedimientos simplificados y estándares comunes de servicio, para que estas medidas y el aumento en los recursos y dotación de jueces y funcionarios efectivamente produzcan el resultado esperado.
Este esfuerzo del Poder Judicial se suma a medidas administrativas adoptadas para agilizar los procedimientos en estos juzgados, al nombramiento de 90 nuevos jueces de familia y al plan de inversiones por más de 158 mil millones de pesos en equipamiento e infraestructura anunciado hace poco. Corregir deficiencias que debieron y pudieron evitarse es costoso pero ineludible.
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