LaSegunda.com, 11/07/2011, extracto.-
A sólo cuatro días de que el Gobierno y la oposición se enfrenten este jueves en el Tribunal Constitucional -donde se tramita el requerimiento que el Presidente Sebastián Piñera presentó contra la votación del Senado que aumentó el tope de 30 UF que establece el proyecto que extiende el posnatal-, parlamentarios de la Alianza y la Concertación buscan una "mediación" que evite llegar a esa instancia, donde los abogados de cada parte ya están preparando los alegatos programados (ver recuadro).
Los artífices de este acercamiento son el senador Francisco Chahuán (RN) y Fulvio Rossi (PS), quienes participaron de la discusión del proyecto en la Cámara Alta y ya habían estado trabajando en otras materias, como es el caso de la ley de etiquetado de bebidas alcohólicas. Ambos integran la comisión de Salud del Senado, que preside Rossi, a quien el parlamentario RN contactó telefónicamente.
Según se sabe, la idea de los senadores es montar una mesa de diálogo, a la que buscan sumar a los senadores Ximena Rincón (DC), presidenta de la comisión de Trabajo, por parte de la oposición, y Gonzalo Uriarte (UDI), por parte del oficialismo. Por el lado del Gobierno, pretende incluir e la ministra del Sernam, Carolina Schmidt ; al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter (que está fuera del país), u otro representante del comité político.
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lunes, 11 de julio de 2011
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Mediación: La pata coja de los Tribunales de Familia - la Nación 21/11/2010
lanacion.cl, 21/11/2010, extracto.-
René Espinoza lleva tres largos años sin ver a su hija, está en el segundo juicio para obtener el derecho a visitas reguladas con su pequeña y ha pasado por dos procesos de mediación, todos con carácter obligatorio y todos fallidos. Carolina Gatica lleva seis años peleando en tribunales para alejar a su hijo de su progenitor, a quien acusa de maltratos, negándose en reiteradas ocasiones a someterse a un proceso de mediación por considerarlo un trámite perdido de antemano. Como estos padres, la mayoría de las parejas que se enfrenta por problemas de pensión alimenticia, relación directa y regulada, y cuidado personal de los hijos asegura que la mediación como resolución alternativa de conflictos entrampa el proceso legal de separación y alarga la agonía del término de una relación.
René Espinoza lleva tres largos años sin ver a su hija, está en el segundo juicio para obtener el derecho a visitas reguladas con su pequeña y ha pasado por dos procesos de mediación, todos con carácter obligatorio y todos fallidos. Carolina Gatica lleva seis años peleando en tribunales para alejar a su hijo de su progenitor, a quien acusa de maltratos, negándose en reiteradas ocasiones a someterse a un proceso de mediación por considerarlo un trámite perdido de antemano. Como estos padres, la mayoría de las parejas que se enfrenta por problemas de pensión alimenticia, relación directa y regulada, y cuidado personal de los hijos asegura que la mediación como resolución alternativa de conflictos entrampa el proceso legal de separación y alarga la agonía del término de una relación.
lunes, 21 de septiembre de 2009
Mediación familiar obligatoria - editorial- emol
Información anterior archivada en ::mediación
emol, 21/09/2009 .-
En las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y Los Lagos ha entrado en aplicación el sistema de mediación familiar obligatoria, sumándose a otras 10 regiones en que se inició en junio pasado (en la Metropolitana regirá en diciembre). La mediación obligatoria -gratuita para toda persona con ingresos inferiores a 900 mil pesos- está prevista para asuntos de alimentos (pensiones), régimen de visitas y tuición. Quien demanda por estas materias es derivado a un mediador, quien interviene para que las partes intenten un acuerdo, sin necesidad de juicio; este tercero imparcial, sin poder decisorio, las ayuda a buscar por sí mismas una solución, y la causa va a juicio sólo si no hubiere acuerdo. Se busca con esto evitar el desgaste de quienes litigan y las consecuencias adversas para los hijos involucrados. Además, se aspira a descongestionar el siste- ma judicial de familia: se estima que la mediación resolvería el 40 por ciento de los ingresos de los tribunales de familia (372 mil causas en 2008).
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Para que este nuevo sistema tenga éxito, es preciso abordar los problemas que ya antes conspiraron contra la instalación definitiva de la mediación en tribunales. Uno fue su inicial voluntariedad, que obstaculizó su difusión masiva, por la cultura legalista predominante, que cree que los conflictos siempre se resuelven ante el juez. Otro fue su insuficiente difusión: es fundamental entregar a la ciudadanía mensajes claros sobre sus alcances, para dar realismo a las expectativas. Esto debería considerarse en especial en aquellos programas implementados por algunas fiscalías de la Región Metropolitana, que han tendido a aplicar la mediación como mecanismo de resolución de conflictos en delitos menores, en vez de los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento, salidas alternativas en el proceso penal.
Por otra parte, la gradualidad en la implementación de la mediación familiar obligatoria ha sido clave, pero sólo será útil si se establecen instancias e indicadores de seguimiento y evaluación institucional que permitan corregir oportunamente los problemas que emerjan. Para esto es indispensable asegurar estándares mínimos de servicio, dando garantías en cuanto a cobertura, profesionalismo y calidad. Por tanto, transcurridos tres meses desde el inicio de su obligatoriedad, procedería una primera evaluación para determinar si lo proyectado se ajusta a la realidad.
Con todo, parece demasiado ambicioso centrar en este nuevo sistema la solución a los conflictos familiares y a la demora en las causas en los tribunales de familia, que ha disminuido, gracias a los mejoramientos de gestión implementados por el propio Poder Judicial. Por ejemplo, urge fortalecer las redes asistenciales que apoyan a los juzgados de familia -como la Corporación de Asistencia Judicial, Sename y el Servicio Médico Legal-, y dar pronto inicio al plan de inversiones en equipamiento e infraestructura, que implica un aporte superior a 158 mil millones de pesos, junto a una gestión más eficiente de los tribunales de familia. Éste será un buen sistema de solución de conflictos sólo si los profesionales que asesoren a las partes son suficientes en cantidad e idóneos en su calificación. Los costos para el erario pueden anticiparse considerables, pero si los resultados son los esperados, procede asumirlos. En caso contrario, sólo se habrá conseguido crear más burocracia.
emol, 21/09/2009 .-
En las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y Los Lagos ha entrado en aplicación el sistema de mediación familiar obligatoria, sumándose a otras 10 regiones en que se inició en junio pasado (en la Metropolitana regirá en diciembre). La mediación obligatoria -gratuita para toda persona con ingresos inferiores a 900 mil pesos- está prevista para asuntos de alimentos (pensiones), régimen de visitas y tuición. Quien demanda por estas materias es derivado a un mediador, quien interviene para que las partes intenten un acuerdo, sin necesidad de juicio; este tercero imparcial, sin poder decisorio, las ayuda a buscar por sí mismas una solución, y la causa va a juicio sólo si no hubiere acuerdo. Se busca con esto evitar el desgaste de quienes litigan y las consecuencias adversas para los hijos involucrados. Además, se aspira a descongestionar el siste- ma judicial de familia: se estima que la mediación resolvería el 40 por ciento de los ingresos de los tribunales de familia (372 mil causas en 2008).
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Para que este nuevo sistema tenga éxito, es preciso abordar los problemas que ya antes conspiraron contra la instalación definitiva de la mediación en tribunales. Uno fue su inicial voluntariedad, que obstaculizó su difusión masiva, por la cultura legalista predominante, que cree que los conflictos siempre se resuelven ante el juez. Otro fue su insuficiente difusión: es fundamental entregar a la ciudadanía mensajes claros sobre sus alcances, para dar realismo a las expectativas. Esto debería considerarse en especial en aquellos programas implementados por algunas fiscalías de la Región Metropolitana, que han tendido a aplicar la mediación como mecanismo de resolución de conflictos en delitos menores, en vez de los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento, salidas alternativas en el proceso penal.
Por otra parte, la gradualidad en la implementación de la mediación familiar obligatoria ha sido clave, pero sólo será útil si se establecen instancias e indicadores de seguimiento y evaluación institucional que permitan corregir oportunamente los problemas que emerjan. Para esto es indispensable asegurar estándares mínimos de servicio, dando garantías en cuanto a cobertura, profesionalismo y calidad. Por tanto, transcurridos tres meses desde el inicio de su obligatoriedad, procedería una primera evaluación para determinar si lo proyectado se ajusta a la realidad.
Con todo, parece demasiado ambicioso centrar en este nuevo sistema la solución a los conflictos familiares y a la demora en las causas en los tribunales de familia, que ha disminuido, gracias a los mejoramientos de gestión implementados por el propio Poder Judicial. Por ejemplo, urge fortalecer las redes asistenciales que apoyan a los juzgados de familia -como la Corporación de Asistencia Judicial, Sename y el Servicio Médico Legal-, y dar pronto inicio al plan de inversiones en equipamiento e infraestructura, que implica un aporte superior a 158 mil millones de pesos, junto a una gestión más eficiente de los tribunales de familia. Éste será un buen sistema de solución de conflictos sólo si los profesionales que asesoren a las partes son suficientes en cantidad e idóneos en su calificación. Los costos para el erario pueden anticiparse considerables, pero si los resultados son los esperados, procede asumirlos. En caso contrario, sólo se habrá conseguido crear más burocracia.
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martes, 24 de febrero de 2009
Mediación familiar obligatoria - editorial - blogs el mercurio
Información anterior archivada en ::mediación familiar
blogs el mercurio, editorial, 24/02/2009
Con el llamado a licitación de mil 350 nuevos mediadores especialistas en resolver conflictos familiares, el Ministerio de Justicia ha dado inicio al sistema de mediación obligatoria, previa a la intervención del tribunal. Una reforma legal aprobada en septiembre del año pasado estableció la obligatoriedad a partir del 15 de junio próximo en todas las regiones, exceptuada la Metropolitana, donde entrará en vigencia el 15 de diciembre. Esta institución busca resolver las demandas por pensiones de alimentos, tuición y régimen de visitas a los hijos, que son las más frecuentes. Si una persona quiere demandar por estas materias, será derivada a un mediador, el que intervendrá, sin costo, para que las partes intenten un acuerdo, sin necesidad de juicio. Este tercero imparcial, sin poder decisorio, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. La causa irá a juicio sólo si no hay acuerdo entre las partes dentro de un plazo de 60 días.
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Se estima que la mediación resolvería el 40 por ciento de los conflictos de familia, liberando a los tribunales especializados para atender otras materias, tales como medidas de protección para menores de edad y divorcios, entre otras (en 2008, estos tribunales recibieron 372 mil causas, un cuarto de ellas por violencia intrafamiliar).
Sin embargo, para que eso ocurra, es necesario abordar los problemas que han conspirado hasta ahora contra el avance de este sistema. El Gobierno estima que la inicial voluntariedad fue un obstáculo para su difusión masiva, por lo que no ayudó a aliviar los atochamientos. Más probablemente, eso derivó del virtual desconocimiento de la mediación por parte de la ciudadanía. En esta etapa sería fundamental una campaña de difusión permanente, que ilustre sobre los beneficios de este mecanismo de resolución alternativa de los conflictos.
Entretanto, es un paso útil que el Ministerio de Justicia haya puesto en marcha un plan piloto en el primer juzgado de familia de Santiago, con jueces y representantes de su propia Unidad de Mediación y de su división jurídica, así como de la Corporación de Asistencia Judicial. "Esperamos cambiar la cultura legalista de creer que los conflictos siempre se resuelven ante el juez, y convencer a los usuarios de que la mediación es una instancia prejudicial que, una vez aprobada por el tribunal, tiene pleno valor jurídico", declaró el magistrado de ese tribunal, quien prevé que cuando el sistema esté funcionando a plenitud, la mediación podría orientarse a causas más complejas, como peticiones de divorcio y denuncias por violencia psicológica intrafamiliar, entre otras.
En lo operativo, es positivo que se cuente ya con un sistema de agendamiento informático de la primera sesión de mediación, por el cual el usuario conoce de inmediato la fecha y ubicación de la oficina correspondiente.
También debe solucionarse lo relativo a la derivación de las causas al sistema de mediación licitado. En este ámbito, el Poder Judicial se ha comprometido a facilitar la oportuna y expedita derivación. Sin embargo, es esencial que el Ministerio de Justicia asuma la responsabilidad que le cabe en esto, ya que la Corporación de Asistencia Judicial -servicio bajo su dependencia- es generalmente la primera puerta de entrada al sistema judicial y, por tanto, le cabe una función clave en la información a sus usuarios sobre las ventajas de este mecanismo.
En fin, es indispensable atender al estricto cumplimiento de estándares mínimos de servicio. Este aspecto ya ha causado críticas anteriormente y se ha traducido en bajo apoyo a la mediación por parte de algunos jueces y usuarios. Sin duda, la judicialización no es la única solución de los conflictos familiares, pero la mediación sólo se constituirá en una real opción en la medida en que dé garantías en cuanto a cobertura, profesionalismo y efectiva calidad. [blogs el mercurio, Mediación familiar obligatoria]
blogs el mercurio, editorial, 24/02/2009
Con el llamado a licitación de mil 350 nuevos mediadores especialistas en resolver conflictos familiares, el Ministerio de Justicia ha dado inicio al sistema de mediación obligatoria, previa a la intervención del tribunal. Una reforma legal aprobada en septiembre del año pasado estableció la obligatoriedad a partir del 15 de junio próximo en todas las regiones, exceptuada la Metropolitana, donde entrará en vigencia el 15 de diciembre. Esta institución busca resolver las demandas por pensiones de alimentos, tuición y régimen de visitas a los hijos, que son las más frecuentes. Si una persona quiere demandar por estas materias, será derivada a un mediador, el que intervendrá, sin costo, para que las partes intenten un acuerdo, sin necesidad de juicio. Este tercero imparcial, sin poder decisorio, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. La causa irá a juicio sólo si no hay acuerdo entre las partes dentro de un plazo de 60 días.
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Se estima que la mediación resolvería el 40 por ciento de los conflictos de familia, liberando a los tribunales especializados para atender otras materias, tales como medidas de protección para menores de edad y divorcios, entre otras (en 2008, estos tribunales recibieron 372 mil causas, un cuarto de ellas por violencia intrafamiliar).
Sin embargo, para que eso ocurra, es necesario abordar los problemas que han conspirado hasta ahora contra el avance de este sistema. El Gobierno estima que la inicial voluntariedad fue un obstáculo para su difusión masiva, por lo que no ayudó a aliviar los atochamientos. Más probablemente, eso derivó del virtual desconocimiento de la mediación por parte de la ciudadanía. En esta etapa sería fundamental una campaña de difusión permanente, que ilustre sobre los beneficios de este mecanismo de resolución alternativa de los conflictos.
Entretanto, es un paso útil que el Ministerio de Justicia haya puesto en marcha un plan piloto en el primer juzgado de familia de Santiago, con jueces y representantes de su propia Unidad de Mediación y de su división jurídica, así como de la Corporación de Asistencia Judicial. "Esperamos cambiar la cultura legalista de creer que los conflictos siempre se resuelven ante el juez, y convencer a los usuarios de que la mediación es una instancia prejudicial que, una vez aprobada por el tribunal, tiene pleno valor jurídico", declaró el magistrado de ese tribunal, quien prevé que cuando el sistema esté funcionando a plenitud, la mediación podría orientarse a causas más complejas, como peticiones de divorcio y denuncias por violencia psicológica intrafamiliar, entre otras.
En lo operativo, es positivo que se cuente ya con un sistema de agendamiento informático de la primera sesión de mediación, por el cual el usuario conoce de inmediato la fecha y ubicación de la oficina correspondiente.
También debe solucionarse lo relativo a la derivación de las causas al sistema de mediación licitado. En este ámbito, el Poder Judicial se ha comprometido a facilitar la oportuna y expedita derivación. Sin embargo, es esencial que el Ministerio de Justicia asuma la responsabilidad que le cabe en esto, ya que la Corporación de Asistencia Judicial -servicio bajo su dependencia- es generalmente la primera puerta de entrada al sistema judicial y, por tanto, le cabe una función clave en la información a sus usuarios sobre las ventajas de este mecanismo.
En fin, es indispensable atender al estricto cumplimiento de estándares mínimos de servicio. Este aspecto ya ha causado críticas anteriormente y se ha traducido en bajo apoyo a la mediación por parte de algunos jueces y usuarios. Sin duda, la judicialización no es la única solución de los conflictos familiares, pero la mediación sólo se constituirá en una real opción en la medida en que dé garantías en cuanto a cobertura, profesionalismo y efectiva calidad. [blogs el mercurio, Mediación familiar obligatoria]
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