El Mercurio, editorial, 05/05/2012, extracto.-
El Presidente Piñera anunció recientemente que en el segundo semestre de este año estará listo el proyecto de ley que reemplazará la normativa actual en materia de las obligaciones de las empresas respecto de salas cuna para sus trabajadoras, procurando terminar con lo que hoy es una importante fuente de discriminación por género.
En sus puntos esenciales -de acuerdo con lo esbozado por el Presidente y las ministras del Trabajo y del Sernam- se establecerá una cotización de cargo del empleador por cada uno de los trabajadores de su empresa, sean hombres o mujeres, y sin un tope mínimo.
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sábado, 5 de mayo de 2012
lunes, 28 de noviembre de 2011
Unicef plantea reformulación del Sename | El Mercurio 27/11/2011
El Mercurio, Tiago Costas, 27/11/2011, extracto.-
El pasado viernes fue su último día. Gary Stahl, ex representante de Unicef en Chile -fue trasladado a Brasil-, realizó un balance de los derechos del niño tras su gestión, que duró dos años y dos meses. Y uno de los puntos donde más hizo hincapié fue en la urgente reformulación que necesita el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Según el experto, el desafío clave es que el organismo separe el área "penal" de la de "protección". Hoy se encarga de los menores de edad que infringen la ley, pero también tiene como rol velar por los derechos de los niños que están en situación de riesgo, como por ejemplo en abandono.
El pasado viernes fue su último día. Gary Stahl, ex representante de Unicef en Chile -fue trasladado a Brasil-, realizó un balance de los derechos del niño tras su gestión, que duró dos años y dos meses. Y uno de los puntos donde más hizo hincapié fue en la urgente reformulación que necesita el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Según el experto, el desafío clave es que el organismo separe el área "penal" de la de "protección". Hoy se encarga de los menores de edad que infringen la ley, pero también tiene como rol velar por los derechos de los niños que están en situación de riesgo, como por ejemplo en abandono.
martes, 12 de enero de 2010
Recuperación en justicia de familia - editorial - emol
emol - 11/01/2010
La unidad de apoyo a la reforma de familia de la Corte Suprema, encabezada por el ministro Héctor Carreño, ha dado cuenta pública del plan ejecutado durante dos años para dar solución a los graves problemas de funcionamiento de los juzga- dos de familia. Entre los avances alcanzados resaltó la normalización en el agendamiento de audiencias, el uso y las adecuaciones del sistema informático de esta área, y la coordinación y estandarización de procesos, así como la aplicación de buenas prácticas ideadas en algunos tribunales.
Respecto del agendamiento de audiencias, las cifras aparecen positivas: en comparación con su fijación a nueve o 12 meses que se hacía en el peor momento de la crisis, ahora el 95 por ciento del total en todo el país (algo más de 42 mil) está programado dentro de un plazo de 60 días; 4,4 por ciento lo está entre 60 y 90 días, y sólo el 0,4 por ciento supera los 90 días. Lo anterior, no obstante que al 28 de diciembre pasado el ingreso de causas en los 60 juzgados de familia del país superó los 341 mil procesos, lo que significa un crecimiento de seis por ciento respecto de 2008.
Tales resultados son encomiables, dado que esta reforma judicial entró en crisis inmediata apenas puesta en marcha, por imprevisiones que habrían podido evitarse, insuficiencia de recursos, un diseño legal defectuoso y una deficiente implementación del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, como se reconoce en esa misma cuenta pública, es preciso seguir mejorando la calidad de las respuestas jurisdiccionales, para que éstas entreguen certeza sobre temas críticos, tales como violencia intrafamiliar, relación de padres e hijos y protección de menores.
Asimismo, es impostergable que el Gobierno modernice las redes asistenciales que se vinculan con los juzgados de familia -des- de luego, el Servicio Médico Legal y el Sename-, para evitar la postergación de audiencias por demora en los informes y, asimismo, para garantizar la capacidad de plazas suficientes para derivar a programas de intervención, ambulatorio o residencial.
Un notable esfuerzo del Poder Judicial ha venido logrando así buenos estándares de funcionamiento y la introducción de mecanismos de control eficaces, lo cual está permitiendo rescatar a esta reforma de su penoso colapso inicial y aumentar razonablemente los recursos y la dotación de jueces y funcionarios.
La unidad de apoyo a la reforma de familia de la Corte Suprema, encabezada por el ministro Héctor Carreño, ha dado cuenta pública del plan ejecutado durante dos años para dar solución a los graves problemas de funcionamiento de los juzga- dos de familia. Entre los avances alcanzados resaltó la normalización en el agendamiento de audiencias, el uso y las adecuaciones del sistema informático de esta área, y la coordinación y estandarización de procesos, así como la aplicación de buenas prácticas ideadas en algunos tribunales.
Respecto del agendamiento de audiencias, las cifras aparecen positivas: en comparación con su fijación a nueve o 12 meses que se hacía en el peor momento de la crisis, ahora el 95 por ciento del total en todo el país (algo más de 42 mil) está programado dentro de un plazo de 60 días; 4,4 por ciento lo está entre 60 y 90 días, y sólo el 0,4 por ciento supera los 90 días. Lo anterior, no obstante que al 28 de diciembre pasado el ingreso de causas en los 60 juzgados de familia del país superó los 341 mil procesos, lo que significa un crecimiento de seis por ciento respecto de 2008.
Tales resultados son encomiables, dado que esta reforma judicial entró en crisis inmediata apenas puesta en marcha, por imprevisiones que habrían podido evitarse, insuficiencia de recursos, un diseño legal defectuoso y una deficiente implementación del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, como se reconoce en esa misma cuenta pública, es preciso seguir mejorando la calidad de las respuestas jurisdiccionales, para que éstas entreguen certeza sobre temas críticos, tales como violencia intrafamiliar, relación de padres e hijos y protección de menores.
Asimismo, es impostergable que el Gobierno modernice las redes asistenciales que se vinculan con los juzgados de familia -des- de luego, el Servicio Médico Legal y el Sename-, para evitar la postergación de audiencias por demora en los informes y, asimismo, para garantizar la capacidad de plazas suficientes para derivar a programas de intervención, ambulatorio o residencial.
Un notable esfuerzo del Poder Judicial ha venido logrando así buenos estándares de funcionamiento y la introducción de mecanismos de control eficaces, lo cual está permitiendo rescatar a esta reforma de su penoso colapso inicial y aumentar razonablemente los recursos y la dotación de jueces y funcionarios.
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