El Mercurio, editorial, 13/03/2011.-
Desde abril comenzará a aplicarse, con carácter casi experimental, el ingreso ético familiar, una propuesta central del programa del Gobierno que, en general, concita consenso amplio en los líderes políticos y la población. Por cierto, su diseño específico puede ser motivo de controversia. En la tramitación del presupuesto, la oposición no aceptó que la glosa que creaba este programa quedase definida de modo relativamente amplio. Al parecer, el Gobierno deseaba probar diseños alternativos antes de decidir sobre el modo más apropiado de implementarlo, pues toda entrega monetaria significativa a la población crea incentivos y desincentivos difíciles de anticipar. Eso no prosperó, y el proyecto se acotó a un traspaso de dinero a las familias del programa Chile Solidario. Esta población, según antecedentes del Ministerio de Planificación, sumaría unas 450 mil personas. Los fondos en la Ley de Presupuestos alcanzan a 64 mil millones de pesos, y no más del ocho por ciento de ellos se puede usar en gastos de administración del programa. Esto significa un promedio per cápita en torno a 131 mil pesos durante 2010. Como el pago sería mensual y comenzaría desde abril, dichas familias recibirían todos los meses una suma promedio máxima de poco más de 14 mil 500 pesos por persona. Seguramente dicho pago será menor, para crear holguras que permitan acoger a otros hogares que durante el año puedan acceder a este programa.
Este beneficio para los sectores de menos ingresos es atractivo, y muchas familias que no están en Chile Solidario querrán obtenerlo. La Ficha de Protección Social actuará como filtro, pero ella tiene varias fallas, que permitirían que personas de ingresos comparativamente mayores pudieran mañosamente alcanzarlo también.
El reglamento que define cómo se desembolsarán estos recursos está aún en la Contraloría, pero es importante que el monto transferido esté vinculado en alguna proporción a condiciones que favorezcan el desarrollo de los hogares. El ministro de Planificación ha sugerido que habría un monto básico para todos, y beneficios adicionales si la asistencia de los niños al colegio supera un determinado umbral, o si los adultos de los hogares sin trabajo lo buscan o consiguen un empleo. Estas condiciones u otras similares son fundamentales para no crear dependencia de la ayuda del Estado, sin perjuicio de hogares cuyos integrantes, por diversas razones, no respondan a esas condiciones y requieran un tratamiento especial.
El Consejo de Trabajo y Equidad, creado durante la anterior administración, propuso transferencias condicionadas básicamente a los ingresos del trabajo de las personas. Así, se subsidiaba su esfuerzo laboral. Eso parecía necesario porque las tasas de empleo en Chile son muy bajas respecto de otros países, en especial entre jóvenes y mujeres, pero no sólo en estos grupos. Los países que realizan entregas de dinero fiscal a los más desposeídos para reducir pobreza y desigualdad se preocupan de que eso vaya acompañado de tasas de empleo altas. En el gobierno anterior se creó una iniciativa de esta naturaleza para los jóvenes entre 18 y 24 años, pero hasta ahora no se conocen sus efectos. Estas consideraciones deben analizarse durante la elaboración del proyecto de ley que creará el ingreso ético familiar permanente. En esta etapa, él es sólo un esbozo de lo que debería ser el esquema definitivo.
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