El Mercurio, editorial, 23/06/2011, extracto.-
Tras un arduo debate dentro de la coalición gobernante, el Presidente Piñera decidió extender el beneficio comprometido en su programa a todos los jubilados con una pensión de 255 mil pesos o menos, siempre que pertenezcan al 60 por ciento más pobre de la población. Así, se beneficia a todos los adultos mayores que tienen derecho a la pensión básica solidaria o a la asignación previsional solidaria. Dicho beneficio se entregará inmediatamente a todos los favorecidos, apenas se apruebe la ley correspondiente.
Esto representa un cambio drástico respecto del proyecto original -que se corregirá mediante una indicación sustitutiva-, pues éste contemplaba beneficiar en forma inmediata, aunque gradual, sólo al 20 por ciento más pobre. Para el segundo 20 por ciento se planteaba una eliminación gradual del siete por ciento sólo a partir del segundo año. A los pensionados del tercer quintil se les reducía la cotización desde siete a cinco por ciento sólo al tercer año de vigencia de la ley. Ahora, este beneficio se entrega al cuarto quintil -que en un comienzo no era objeto de esta política- a partir del segundo año.
Para mejor comprender el alcance de lo anterior, cada quintil corresponde al 20 por ciento de la población según el ingreso per cápita del hogar. Se entiende por tal la suma de los ingresos de todos los miembros del mismo (remuneraciones de todas las personas que trabajan, más las rentas por la tenencia de cualquier activo, arriendos, jubilaciones, montepíos, pensiones de invalidez, viudez u orfandad, rentas vitalicias, donaciones, etcétera), la que luego se divide por el número de sus integrantes, incluyendo a los que no realizan trabajos remunerados. El primer quintil comprende a familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $ 53.184; el segundo, a $90.067; el tercero, a $140.665; el cuarto, a $254.627, y el quinto, a familias cuyo ingreso per cápita es superior a $254.627.
Este diario ha sostenido que esa política, si bien formó parte de las promesas de campaña del actual Mandatario, aunque sin una elaboración precisa de la misma, crea más dudas que certezas, pues significa recursos importantes, cercanos a 300 millones de dólares, sin efecto mayor, por ejemplo, en pobreza: la tasa de ésta entre las personas de 65 años es sólo la mitad de la de toda la población. En cambio, entre los menores de 15 años dicha tasa es casi tres veces superior a la de los adultos mayores. Ante tal realidad, evidentemente hay un costo en priorizar el uso de recursos públicos en estos sectores, que además son objeto de una serie de políticas sociales que mejoran sus condiciones de vida de modo apreciable, mientras ese énfasis está ausente en otros grupos poblacionales que sufren con más fuerza el flagelo de la pobreza.
En este caso, el Gobierno, más allá de precisiones técnicas, optó por satisfacer las demandas de los partidos oficialistas, que aspiraban hace tiempo a extender la eliminación del siete por ciento de cotización para salud a un grupo amplio de los pensionados. En todas las democracias, las acciones de los gobiernos tienen que equilibrar adecuadamente las exigencias políticas con las recomendaciones técnicas. Que la eliminación del siete por ciento haya quedado en el programa de gobierno, sin límites precisos, indudablemente dificulta sostener un planteamiento técnico quizá impecable, pero que se debilita frente a promesas de campaña. El Gobierno ha tenido problemas con otras iniciativas, como el posnatal, por razones similares.
De esta experiencia se desprende que los programas de gobierno no deben ser entendidos como una mera formalidad de campaña: ellos toman cada vez más fuerza en el debate político, y su cumplimiento es exigido por los políticos y la opinión pública. Los gobiernos deben tener agendas que descansen en sólidas convicciones y estar preparados para defenderlas con sólidos argumentos. En política es fundamental conducir a la opinión pública, lo que supone, entre otros, promover incansablemente las ideas en que se cree, y explicar por qué se cree que ellas contribuyen mejor que otras opciones a elevar el bienestar de las personas que se representa.
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