El Mercurio, editorial, 31/03/2011.-
El Presidente Piñera y el ministro de Planificación han dado inicio a la primera etapa -llamada Asignación Social y que comenzará a regir a partir de mañana- de lo que aspira a ser el programa de ingreso ético familiar. Ella consiste en transferencias directas -entregas de dinero- a las familias más vulnerables del país que formen parte del Sistema de Protección Social "Chile Solidario" y que se encuentren en situación de extrema pobreza (esto es, que registren menos de cuatro mil 213 puntos en la Ficha de Protección Social). Los así favorecidos serían unas 500 mil personas.
El monto que se pagará fluctúa entre cuatro mil 500 y siete mil 500 pesos -según el estrato en que se encuentre la respectiva familia-, además de una asignación de cinco mil pesos por cada menor que cumpla con los requisitos de acreditar una asistencia a clases superior al 85 por ciento y se encuentre al día en cuanto a control de salud en el consultorio correspondiente. Los beneficiados recibirán ese monto sumado a su bono solidario habitual. Además, habrá bonos adicionales a la asignación familiar, dirigidos especialmente a mujeres y niños. El Presidente Piñera anticipó que esta primera etapa significará un complemento del ingreso mensual de las familias, en promedio, de 38 mil 500 pesos, "una parte en función del número de miembros de la familia, pero otra parte importante en función del cumplimiento de los compromisos" referidos.
Este programa, una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno, ha abierto un amplio debate sobre su conveniencia, alcance y características. Un reparo advierte que, dado que este beneficio será atractivo para los sectores de menos ingresos, muchas familias que no están en Chile Solidario querrán obtenerlo. Por otra parte, dado que la Ficha de Protección Social será determinante para discriminar la asignación, y que ella pone énfasis en la vulnerabilidad por sobre el ingreso, eso permitiría que personas de ingresos eventualmente mayores puedan recibir ese dinero. Así, tanto por inclusión como por exclusión sería difícil asegurar que las personas que reciban este beneficio sean realmente las que se quiere favorecer. Identificar con precisión a los beneficiarios y evitar engaños en estos programas es complejo y tiene altos costos de administración.
Pese a ese riesgo -que en mayor o menor medida también está presente en la mayor parte de las políticas públicas de esta naturaleza-, esta iniciativa contempla elementos novedosos y acertados, como la exigencia del 85 por ciento de asistencia a clases y los controles de salud al día para los menores de seis años. Eso es un incentivo para disminuir la vulnerabilidad futura.
Por otra parte, nadie ignora que, por sí mismas, las transferencias de ingreso no resuelven el problema de la pobreza. El ministro Kast ha subrayado que este traspaso de dineros, al ser limitado, no creará dependencia y, por tanto, no desincentivará el empleo, pero habrá que realizar mediciones regulares para verificar que esta política no termine transformándose en inhibidora de la búsqueda de empleo. Cabe recordar que el Consejo de Trabajo y Equidad, creado durante el gobierno anterior, propuso transferencias condicionadas básicamente a los ingresos del trabajo de las personas, para fomentar el esfuerzo laboral, especialmente entre los más jóvenes, que son los más vulnerables.
Ahora queda esperar el proyecto definitivo sobre ingreso ético familiar permanente, que se presentaría al Congreso durante el primer semestre, según lo anticipado por el ministro del ramo. Su articulado no se conoce aún, pero a todo evento será fundamental que las consideraciones pro empleo sean determinantes -sin perjuicio de que se mantengan transferencias a hogares cuyos miembros no puedan acceder al mercado laboral-, ya que de lo contrario se arriesga a que termine siendo un instrumento muy bien inspirado y con apoyo transversal, pero que no contribuiría a combatir efectivamente la pobreza, como se ha comprobado con muchos programas asistencialistas masivos en la experiencia mundial.
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