El Mercurio, editorial, 07/09/2011, extracto.-
En reunión con parlamentarios de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y la ministra del Sernam, el Presidente de la República acordó un nuevo enfoque para el proyecto de posnatal. Esta negociación reemplaza a la que se había realizado en su momento en el Senado, y eleva los beneficios para las madres (y padres) que trabajan remuneradamente en caso de nacimiento de un hijo. Hay dos aspectos relevantes en este nuevo consenso. Por una parte, mantiene el tope de 66 UF para las 12 semanas adicionales de posnatal que considera el proyecto (en la actualidad son 12 semanas, pero el proyecto duplicaba ese período). Inicialmente, el Gobierno buscaba un tope más bajo, ya que buena parte de las mujeres que reciben este subsidio pertenece a los grupos de ingresos más altos, por la desigual participación laboral que se observa entre ellas. Con este acuerdo, el proyecto se vuelve más regresivo, porque más de la mitad de esos recursos llegará a mujeres que pertenecen al 20 por ciento de hogares más acomodados.
Por otra parte, se decidió permitir que las mujeres que lo deseen puedan hacer uso del posnatal de manera parcial, en cuyo caso se prolonga a 18 semanas. La decisión al respecto debe ser tomada 15 días antes de que comience este nuevo permiso. Parece una fecha demasiado próxima, que puede ser una complicación para el empleador, particularmente si ha necesitado contratar un reemplazo para la trabajadora que goza de su posnatal. La mujer podrá traspasar una parte del permiso parental al padre -hasta seis semanas en caso de que decida tomarlo íntegramente, y hasta 12 semanas, si elige la modalidad parcial-. En caso de que el padre decida tomarse este permiso, el subsidio corresponderá a su salario, con el mismo tope actualmente existente.
Se consagra así uno de los permisos parentales más generosos en el mundo. En algunos países los plazos pueden ser mayores, pero no contemplan beneficios de la magnitud que se ha acordado en Chile. Esta decisión es algo sorprendente, pues nuestro país tiene otras prioridades mucho más urgentes que ésta. Lo más positivo del proyecto es que hace un esfuerzo para incorporar a mujeres que hasta ahora no habían tenido posibilidades de acceder a este beneficio, por las características de su empleo. Era el caso, por ejemplo, de aquellas que laboraban de modo independiente o tenían contratos a plazo fijo o por obra o faena. Se considera ahora una densidad mínima de cotizaciones en un período definido para permitirles acceder al beneficio.
Es difícil saber si este subsidio afectará las posibilidades de empleo de la mujer en edad fértil. Reformas de esta especie producen distintos efectos contrapuestos y no queda en claro por anticipado cuál de ellos predominará. Esto hará necesario evaluar con cuidado las consecuencias prácticas de esta reforma, para evitar posibles repercusiones adversas sobre el empleo femenino y adoptar las medidas correctivas tendientes a neutralizarlas. Chile requiere aumentar los niveles de ocupación de las mujeres, no reducirlos.
Este proyecto también le deja numerosas lecciones políticas al Gobierno. Había buenas razones técnicas para concentrarse principalmente en ampliar la cobertura del beneficio en su estado actual y ser muy cauteloso en prolongar sus plazos, sobre todo si éstos eran subsidiados. Pero ese enfoque se hace difícil de defender, pues no fue especificado claramente en la campaña presidencial ni en el programa de gobierno. La forma en que el Gobierno presentó y negoció el proyecto puede terminar significándole costos no previstos cuando materializó este beneficio, sobre todo si no es capaz de reivindicar la autoría política del mismo, lo que no es fácil, dada la forma en que aquél evolucionó.
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