Acuerdo de Vida en Pareja - editorial - El Mercurio 10/08/2011

El Mercurio, editorial, 10/08/2011.-

El Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley "Acuerdo de Vida en Pareja", que contempla la inscripción en el Registro Civil de las uniones de hecho entre personas de igual o distinto sexo para efectos patrimoniales, sucesorios, previsionales y de salud. La autoridad busca conseguir un reconocimiento social y jurídico para aquellas parejas -particularmente homosexuales- que han decidido convivir.
Diversos países han optado por figuras legales similares a las propuestas por el Gobierno -como el "Pacto Civil de Solidaridad" en Francia-, para regularizar la convivencia entre las personas, especialmente aquellas del mismo sexo. Estas medidas han ido acompañadas de un amplio debate sobre su impacto social, especialmente en lo relativo al matrimonio y la familia.
Chile no ha sido la excepción. De hecho, la encuesta CEP reveló que algo más de la mitad de los chilenos se opone al matrimonio homosexual. Este tema ha suscitado opiniones encontradas en el ámbito político, con posiciones transversales dentro de los partidos de la Alianza: sus presidentes se marginaron de la ceremonia de presentación del proyecto de ley, para manifestar su rechazo a la norma, debido a que el Ejecutivo no acogió su requerimiento en cuanto a que la inscripción se hiciese en una notaría y no en el Registro Civil, evitando así cualquier semejanza o equivalencia jurídica con el matrimonio.
La propuesta de esta iniciativa legal coincide con la presentación hecha por una pareja de homosexuales de un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional en contra del artículo 102 del Código Civil, que establece que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, estrategia que se ha utilizado en otros lugares para introducir cambios esenciales en la normativa vigente.
Chile, como la mayoría de los países que transitan al desarrollo, presenta cifras demográficas preocupantes, cuya reversión ya es materia de políticas públicas por parte de algunos gobiernos europeos. La tasa de natalidad ha caído por debajo de la de reposición; más de la mitad de los niños nace fuera del matrimonio; el número de parejas que convive ha crecido sostenidamente en los últimos años, superando el 30 por ciento en las personas entre 25 y 34 años, logrando altos niveles de aceptación y la consiguiente pérdida de aprecio hacia el matrimonio.
El proyecto de ley presentado, si bien pretende regularizar una realidad social que aumenta en el país, como la convivencia, ampliando ésta al reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo, tendrá un efecto social directo. La experiencia internacional indica que regulaciones legales como las que contempla el proyecto inciden, en el mediano plazo, en una aún mayor desafección por el matrimonio. Países europeos y algunos latinoamericanos que han optado por diferentes fórmulas alternativas al matrimonio han experimentado una continua baja de la conyugalidad. Y un debilitamiento del matrimonio y, por tanto, de la familia, trae aparejada una serie de consecuencias sociales, lo cual es contradictorio con la defensa de la familia que siempre ha postulado el Presidente Piñera. Diversos estudios y la realidad social confirman la importancia de la familia en el logro del bienestar económico y psicosocial de las personas. Una estructura familiar inestable contribuye a fomentar situaciones de pobreza en sus miembros. La ausencia o inestabilidad familiar presenta grandes desventajas para sus miembros. Esto es particularmente evidente en hogares monoparentales en los que la mujer es jefa del hogar.
La familia constituye un bien social fundamental, con deberes y derechos reconocidos por la sociedad en su conjunto, pues el cuidado de los hijos por sus padres se traduce en menor incidencia de conductas de riesgo por parte de los menores. Asimismo, hogares de doble ingreso se alejan más fácilmente de situaciones de pobreza.
El intento de la autoridad por regularizar situaciones hoy no cubiertas por el marco legal era esperable, ya que fue un tema de la campaña presidencial, pero eso no debiera redundar en un debilitamiento de la institución del matrimonio ni de la familia. Políticamente, sin embargo, disocia las filas del oficialismo y no contenta del todo a la comunidad homosexual, que ansía el título de matrimonio para esta clase de uniones civiles.