AméricaEconomía , por Pamela Díaz-Romero, 10/06/2011, extracto.-
De vuelta a la arena legislativa y sin la presión del 21 de mayo (cuando se realiza la cuenta anual del gobierno de turno en Chile, en el salón principal del Congreso Nacional), el Ejecutivo quitó la urgencia al proyecto de ley que extiende el post natal a seis meses y recurrió al Tribunal Constitucional con el objetivo de reponer el tope de 30 Unidades de Fomento (US$1.404) unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, usada en Chile), fijado para los tres meses adicionales que amplían el actual permiso maternal.
En paralelo a la presentación del requerimiento de inconstitucionalidad, fundado en la necesidad de “resguardar las instituciones que aseguran la responsabilidad fiscal”, los ministros y parlamentarios oficialistas llaman a la Concertación (la coalición mayoritaria de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera) a negociar “manteniendo las reglas del juego”, aunque algunos están dispuestos a elevar el monto en disputa para acercarlo a la cifra que la legislación asigna actualmente al subsidio por maternidad (66UF, es decir, US$3.088).
El ruido generado en torno a las atribuciones del Congreso y las recriminaciones por las conductas fiscales irresponsables y/o populistas de uno y otro bando se han impuesto a la discusión política de fondo, desperdiciando la oportunidad de abrir el debate sobre lo que el gobierno entiende por discriminación de género y el tipo de política pública asociada.
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