blogs | El Mercurio, editorial, 14/06/2011, extracto.-
Es habitual que en invierno aumenten las consultas por enfermedades respiratorias, y es de obvia importancia que en estos casos las personas reciban atención oportuna, especialmente aquellas con riesgos más altos -niños y adultos mayores, en particular si la afección se origina en el virus sincicial-. Las opciones de atención para la población son variadas, pues hay amplia oferta privada y pública de ella en nuestro país. Muchos afiliados a Fonasa se atienden mediante la modalidad de libre elección en el sector privado, pero una proporción relevante de los beneficiarios del seguro público debe atenderse en la red pública de salud, que no tiene la capacidad de satisfacer la demanda en períodos invernales o de crisis en enfermedades respiratorias, por diversas razones.
Por una parte, la forma como se canalizan los recursos a los consultorios y hospitales no garantiza que ellos tengan los incentivos para adaptarse a las necesidades de la población. Siempre se puede aducir insuficiencia de recursos, pero incluso si ellos fuesen cuantiosos, su actual forma de asignación no promueve el que se adapten bien a la demanda de los enfermos.
Por otra, desde la perspectiva del buen uso de los recursos públicos, no es sensato sobreinvertir en capacidades en la red pública de salud para hacer frente a todos los episodios críticos, dado que existe oferta privada que puede absorber la demanda que emerge en esas situaciones. Por razones ideológicas, en Chile se tiende a mantener una mirada totalmente segregada de ambos subsectores de salud. Sin embargo, sería más eficiente una mayor integración y coordinación entre ambos; de hecho, históricamente ese es el enfoque que se impuso desde la creación del Servicio Médico Nacional (Sermena) en los años 40, e incluso antes, permitiéndose la libre elección entre los afiliados al subsector público. Este enfoque, que articula mejor los sectores público y privado de salud, no se ha podido profundizar porque existen al respecto visiones antagónicas, que corresponden a preferencias que no siempre tienen razonable sustento técnico.
Siendo así, es acertada la decisión del Gobierno de recurrir en esta temporada invernal a un programa extraordinario de bonos para asegurar atención oportuna de los pacientes referidos. Tales bonos podrán utilizarse en centros privados si se verifica que el requirente por un problema respiratorio no ha sido oportunamente atendido. Este beneficio está focalizado en los beneficiarios de Fonasa del tipo A, esto es, los de menos recursos y que representan poco más de un tercio de toda la población cubierta por dicho fondo. Adicionalmente, es una garantía que se otorga sólo a los menores de 15 y mayores de 65 años. Se prioriza, pues -correctamente-, a quienes más riesgo corren cuando contraen estas enfermedades.
Esta medida se aplicará sólo por los próximos dos meses y, por tanto, no representa un cambio en la forma de organizar y financiar la salud en Chile. En consecuencia, las críticas en cuanto a que ella constituye una privatización encubierta de la salud pública no tienen asidero; por el contrario, es una respuesta eficiente a una demanda insatisfecha. La alternativa, socialmente muy costosa, es que, como ha sido habitual, se racione la demanda en función de la capacidad instalada, y por eso queden personas sin atención, con las secuelas que eso puede tener. Esta mayor integración entre la salud pública y la privada es una línea de acción que debería extenderse a otros ámbitos y no circunscribirse sólo a estos bonos de consulta médica respiratoria o los bonos AUGE anteriormente creados.
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