La Tercera - Edición Impresa, editorial, 06/03/2011.-
En la decisión sobre el posnatal, La Moneda priorizó la ganancia política inmediata por sobre lo que parece favorable en el largo plazo para el país.
EL ANUNCIO sobre la reforma al sistema de subsidios al posnatal culminó un proceso de análisis y toma de decisiones que ha puesto de manifiesto debilidades significativas en el gobierno, así como el manejo de un asunto de relevancia atendiendo a los beneficios políticos inmediatos más que al bienestar de largo plazo de la población. Ha sido el propio gobierno el que ha dado prioridad al tema, con el aparente propósito de mostrar disposición a cumplir los compromisos asumidos y darle un sello social a su gestión. El diagnóstico en La Moneda sería que en estos dos últimos temas su imagen habría quedado afectada luego del conflicto en Magallanes.
Hay consenso en que la finalidad de la propuesta -facilitar que la madre asuma por un lapso mayor el cuidado de los hijos recién nacidos- es positiva. El problema era dar con el instrumento para lograrlo sin dañar la empleabilidad de la mujer, corrigiendo el mal uso de las licencias médicas y preservando la prudencia fiscal. En gobiernos anteriores no fue posible arribar a la solución adecuada, rechazándose propuestas que podían ser políticamente rentables, pero finalmente dañinas. La propuesta actual, no incluida en esa forma en el programa de gobierno, obedece a un compromiso asumido por el actual Presidente en la campaña. Ante la disyuntiva de cumplir esa promesa o reconocer sus problemas, se ha optado por una propuesta que ha merecido objeciones de expertos y organizaciones interesadas en promover las oportunidades de la mujer.
Existe aquí un problema en el accionar del gobierno. Si pretende, como ha señalado, efectuar reformas de fondo para alcanzar el desarrollo, no debería dar curso a propuestas cuestionadas incluso al interior de su gabinete, con la sola intención de remontar los vaivenes que experimenta su aprobación en las encuestas. La correcta disposición mostrada, por ejemplo, para aprobar reformas como la relativa a la calidad de la educación, no ha sido replicada en otros temas, enfrentando las impopularidades de corto plazo en aras de lograr avances sustanciales que convencieran a la población de su conveniencia. Ya el año pasado el gobierno vio distraídas sus prioridades en el primer semestre en una reforma tributaria sin justificación de fondo y donde también se trasuntaba la búsqueda de señales políticas.
Las naciones desarrolladas buscan hoy evitar regulaciones dañinas para el empleo y la competitividad, lo que es más prioritario en un país como Chile, donde la incorporación de la mujer al mundo del trabajo es insuficiente y hay un diagnóstico unánime sobre el aumento exagerado en los costos de contratación.
En este episodio ha quedado, además, afectada negativamente la autoridad reconocida históricamente al Ministerio de Hacienda para cumplir un rol preponderante en la consistencia e idoneidad de las políticas públicas. Chile creció aceleradamente cuando, más allá de los intereses de la agenda política de corto plazo o del entusiasmo de las carteras sectoriales por sus propuestas, existió una autoridad apoyada desde la Presidencia para resguardar los intereses de más largo plazo del país en materia social y económica. Es evidente que ese ministerio tenía objeciones fundadas a la propuesta, las que fueron desatendidas en las definiciones finales adoptadas por el Presidente.
Esto deja en una situación debilitada a esa cartera, lo que es negativo para el país y debería ser prontamente corregido desde La Moneda.
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