editorial | El Mercurio, 09/03/2011.-
La extensión del posnatal en 12 semanas, adicionales a las 12 actualmente consagradas en la ley, ha dado lugar a un debate necesario y saludable: esta discusión abre numerosos interrogantes que una sociedad moderna debe resolver con la mayor cantidad de antecedentes posibles. Desde luego, está la pregunta de si el acento se debe poner en los derechos del recién nacido o en los de la madre. Si es en los primeros, resulta lícito preguntarse si la feble evidencia científica respecto del mejoramiento marginal que reciben los infantes por una extensión de la lactancia y los cuidados dedicados en 12 semanas adicionales son suficientes para compensar la menor construcción de capital social por parte de la madre (y, eventualmente, del padre), al sacrificar parte de su carrera laboral por la obligación de no trabajar que le impone el posnatal. Si ese menor capital social afecta el bienestar futuro de esos niños en mayor cuantía que el mejoramiento obtenido por la extensión del posnatal, es una pregunta que podría ser mucho mejor respondida por la familia, caso a caso, que por una regla impuesta desde el Estado. Sea como fuere, el vínculo y cuidado del infante en los primeros meses, difícilmente delegable con el grado de acuciosidad que le puede otorgar una madre -que, por razones biológicas, es muy superior al del padre-, permite argumentar en favor de una mayor extensión del posnatal.
De igual modo, si el acento está en los derechos de la madre, es necesario hacerse cargo de la tensión que existe entre el cuidado que ella otorgue a sus hijos y su desarrollo laboral, pues el posnatal potencialmente afecta de manera negativa su empleabilidad y su salario, a medida que la extensión de aquél aumente. De ahí que también aquí resulte más razonable y conveniente que la decisión de utilizar el beneficio del posnatal quede en manos de la madre, quien podrá ponderar con mejores elementos de juicio si los beneficios inmediatos que él le otorga al recién nacido compensan lo que podría lograr para sí misma y para sus propios hijos acumulando mayor capital social, al priorizar más su vida laboral.
El argumento de que los derechos laborales deben ser irrenunciables, por la asimetría entre empleador y empleado, resulta demasiado paternalista para la sociedad chilena de comienzos del siglo XXI, incluso para mujeres que tengan trabajos de baja remuneración.
La propuesta que se ha dado a conocer deja una tenue capacidad de decisión, pues las mujeres que tengan salarios sobre 30 UF al mes pueden optar por volver a trabajar de manera parcial tras las primeras 12 semanas. Sin embargo, esa división en dos categorías de mujeres ha sido vista por algunos como una discriminación, e incluso hay quienes la estiman inconstitucional. Por otra parte, aumentar ese límite por sobre las 30 UF resulta claramente regresivo, al beneficiar a grupos menos necesitados de la población.
También ha entrado a la discusión otorgar el beneficio del posnatal a las mujeres que trabajan por cuenta propia, lo que parece justo, aunque ello presenta enormes dificultades administrativas y de control. No queda claro, en cambio, si corresponde otorgar el beneficio a quienes no se encuentran trabajando, porque no tienen un salario que perder con el posnatal.
Con todo, e independientemente de la decisión política que el país adopte en cuanto a extender el posnatal, e incluso del monto de recursos que la sociedad esté dispuesta a distribuir para otorgar ese beneficio, en la propuesta actual no está debidamente cautelado el vital principio de autonomía que las mujeres deben tener para elegir cómo equilibrar maternidad y trabajo.
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