Los gobiernos cumplen en América Latina un rol limitado en el financiamiento de la educación de niños y jóvenes.
Sólo 21% tiene acceso a educación pública y gratuita, a diferencia de lo que ocurre en economías desarrolladas, donde el Estado comparte con la familia esta responsabilidad, con un aporte de 45%.
Así lo destaca el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2010, divulgado en Santiago por la CEPAL, que abogó por la importancia de aumentar las transferencias públicas hacia el ciclo de vida infanto-juvenil.
Para combatir la reproducción intergeneracional de la desigualdad y la exclusión en las etapas formativas, la CEPAL propuso tres tipos de medidas a lo largo del ciclo vital de las personas:
- Uno, un esquema de transferencias monetarias a los hogares con hijos de 0 a 14 años que mejoren las oportunidades de las familias de contar con un entorno adecuado para la socialización del niño (nutrición, vivienda, vestimenta).
- Dos, el financiamiento de políticas que cubran los costos corrientes de incorporar a quienes no están cubiertos por servicios educativos y de cuidado (0 a 17 años).
- Y, finalmente, otro conjunto de transferencias monetarias relacionadas con los servicios de empleo y formación que se orienten directamente a los jóvenes en procesos de emancipación a la vida adulta (15 a 24 años).
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