Información anterior archivada en ::mediación
emol, 21/09/2009 .-
En las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y Los Lagos ha entrado en aplicación el sistema de mediación familiar obligatoria, sumándose a otras 10 regiones en que se inició en junio pasado (en la Metropolitana regirá en diciembre). La mediación obligatoria -gratuita para toda persona con ingresos inferiores a 900 mil pesos- está prevista para asuntos de alimentos (pensiones), régimen de visitas y tuición. Quien demanda por estas materias es derivado a un mediador, quien interviene para que las partes intenten un acuerdo, sin necesidad de juicio; este tercero imparcial, sin poder decisorio, las ayuda a buscar por sí mismas una solución, y la causa va a juicio sólo si no hubiere acuerdo. Se busca con esto evitar el desgaste de quienes litigan y las consecuencias adversas para los hijos involucrados. Además, se aspira a descongestionar el siste- ma judicial de familia: se estima que la mediación resolvería el 40 por ciento de los ingresos de los tribunales de familia (372 mil causas en 2008).
Seguir leyendo...
Para que este nuevo sistema tenga éxito, es preciso abordar los problemas que ya antes conspiraron contra la instalación definitiva de la mediación en tribunales. Uno fue su inicial voluntariedad, que obstaculizó su difusión masiva, por la cultura legalista predominante, que cree que los conflictos siempre se resuelven ante el juez. Otro fue su insuficiente difusión: es fundamental entregar a la ciudadanía mensajes claros sobre sus alcances, para dar realismo a las expectativas. Esto debería considerarse en especial en aquellos programas implementados por algunas fiscalías de la Región Metropolitana, que han tendido a aplicar la mediación como mecanismo de resolución de conflictos en delitos menores, en vez de los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento, salidas alternativas en el proceso penal.
Por otra parte, la gradualidad en la implementación de la mediación familiar obligatoria ha sido clave, pero sólo será útil si se establecen instancias e indicadores de seguimiento y evaluación institucional que permitan corregir oportunamente los problemas que emerjan. Para esto es indispensable asegurar estándares mínimos de servicio, dando garantías en cuanto a cobertura, profesionalismo y calidad. Por tanto, transcurridos tres meses desde el inicio de su obligatoriedad, procedería una primera evaluación para determinar si lo proyectado se ajusta a la realidad.
Con todo, parece demasiado ambicioso centrar en este nuevo sistema la solución a los conflictos familiares y a la demora en las causas en los tribunales de familia, que ha disminuido, gracias a los mejoramientos de gestión implementados por el propio Poder Judicial. Por ejemplo, urge fortalecer las redes asistenciales que apoyan a los juzgados de familia -como la Corporación de Asistencia Judicial, Sename y el Servicio Médico Legal-, y dar pronto inicio al plan de inversiones en equipamiento e infraestructura, que implica un aporte superior a 158 mil millones de pesos, junto a una gestión más eficiente de los tribunales de familia. Éste será un buen sistema de solución de conflictos sólo si los profesionales que asesoren a las partes son suficientes en cantidad e idóneos en su calificación. Los costos para el erario pueden anticiparse considerables, pero si los resultados son los esperados, procede asumirlos. En caso contrario, sólo se habrá conseguido crear más burocracia.
emol, 21/09/2009 .-
En las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y Los Lagos ha entrado en aplicación el sistema de mediación familiar obligatoria, sumándose a otras 10 regiones en que se inició en junio pasado (en la Metropolitana regirá en diciembre). La mediación obligatoria -gratuita para toda persona con ingresos inferiores a 900 mil pesos- está prevista para asuntos de alimentos (pensiones), régimen de visitas y tuición. Quien demanda por estas materias es derivado a un mediador, quien interviene para que las partes intenten un acuerdo, sin necesidad de juicio; este tercero imparcial, sin poder decisorio, las ayuda a buscar por sí mismas una solución, y la causa va a juicio sólo si no hubiere acuerdo. Se busca con esto evitar el desgaste de quienes litigan y las consecuencias adversas para los hijos involucrados. Además, se aspira a descongestionar el siste- ma judicial de familia: se estima que la mediación resolvería el 40 por ciento de los ingresos de los tribunales de familia (372 mil causas en 2008).
Seguir leyendo...
Para que este nuevo sistema tenga éxito, es preciso abordar los problemas que ya antes conspiraron contra la instalación definitiva de la mediación en tribunales. Uno fue su inicial voluntariedad, que obstaculizó su difusión masiva, por la cultura legalista predominante, que cree que los conflictos siempre se resuelven ante el juez. Otro fue su insuficiente difusión: es fundamental entregar a la ciudadanía mensajes claros sobre sus alcances, para dar realismo a las expectativas. Esto debería considerarse en especial en aquellos programas implementados por algunas fiscalías de la Región Metropolitana, que han tendido a aplicar la mediación como mecanismo de resolución de conflictos en delitos menores, en vez de los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento, salidas alternativas en el proceso penal.
Por otra parte, la gradualidad en la implementación de la mediación familiar obligatoria ha sido clave, pero sólo será útil si se establecen instancias e indicadores de seguimiento y evaluación institucional que permitan corregir oportunamente los problemas que emerjan. Para esto es indispensable asegurar estándares mínimos de servicio, dando garantías en cuanto a cobertura, profesionalismo y calidad. Por tanto, transcurridos tres meses desde el inicio de su obligatoriedad, procedería una primera evaluación para determinar si lo proyectado se ajusta a la realidad.
Con todo, parece demasiado ambicioso centrar en este nuevo sistema la solución a los conflictos familiares y a la demora en las causas en los tribunales de familia, que ha disminuido, gracias a los mejoramientos de gestión implementados por el propio Poder Judicial. Por ejemplo, urge fortalecer las redes asistenciales que apoyan a los juzgados de familia -como la Corporación de Asistencia Judicial, Sename y el Servicio Médico Legal-, y dar pronto inicio al plan de inversiones en equipamiento e infraestructura, que implica un aporte superior a 158 mil millones de pesos, junto a una gestión más eficiente de los tribunales de familia. Éste será un buen sistema de solución de conflictos sólo si los profesionales que asesoren a las partes son suficientes en cantidad e idóneos en su calificación. Los costos para el erario pueden anticiparse considerables, pero si los resultados son los esperados, procede asumirlos. En caso contrario, sólo se habrá conseguido crear más burocracia.
Technorati Tags: familia, Chile,mediación
