LA TERCERA, editorial, 09/01/2011.-
NUEVAMENTE HA cobrado fuerza al interior del oficialismo la discusión acerca de la mejor manera de legislar en torno a las convivencias de hecho. El gobierno ha decidido alterar su intención original de enviar un proyecto propio sobre el tema y ha optado, en lugar de ello, por actuar a través de indicaciones a las mociones parlamentarias que se discutan en el Legislativo.
Existen principalmente dos propuestas en debate. Una, presentada en junio pasado por el senador Andrés Allamand (RN) y que se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara Alta, promueve la creación de un Acuerdo de Vida en Común (AVC) que se sellaría a través de un contrato y que, en algunos aspectos, tiende a asemejarse al matrimonio, pero sin sus exigencias ni compromiso de estabilidad. Otra, postulada por la UDI, es producto del trabajo de una comisión encabezada por el senador Hernán Larraín, excluye una formalización contractual de la relación y exige cohabitación previa de al menos tres años.
Más allá de la forma que ha adquirido el debate en el oficialismo y de cómo se dé éste en el Congreso en el futuro, es conveniente analizar el marco en el que se da esta discusión, la importancia de la institución del matrimonio para la sociedad y las diferentes consideraciones para parejas heterosexuales y homosexuales.
Más de dos millones de chilenos conviven actualmente en uniones de hecho. El incremento de éstas ha coincidido con un descenso en el número de matrimonios civiles celebrados en las últimas décadas (excepto en 2010, cuando éste mostró un alza). Es importante establecer los motivos por los que se han venido registrando estos fenómenos paralelos. En algún momento se creyó que la imposibilidad de divorciarse explicaba el aumento de la cantidad de parejas que optaban por la convivencia informal. No obstante, pese a que desde 2004 existe en Chile el matrimonio con disolución de vínculo y a que debe estudiarse lo ocurrido en 2010, en líneas generales las tendencias descritas no se han revertido. Ello lleva a creer que las razones que explican el auge de las uniones de hecho tienen que ver con el deseo de evitar la formalidad de un compromiso mayor. Por lo mismo, no resulta claro que a las personas que conviven informalmente les parezca atractiva la idea de acogerse a un mecanismo que regule su relación.
En el caso de las parejas heterosexuales, que tienen a su alcance la posibilidad del divorcio vincular, es preferible que la legislación favorezca la opción del matrimonio. Es esta una institución natural que no debe ser debilitada, pues está concebida para ofrecer un ambiente favorable para la convivencia y el auxilio recíproco de la pareja, así como para el nacimiento de los hijos, su formación y educación.
El caso de las parejas homosexuales es diferente. Para las uniones de hecho de este tipo es posible abordar mecanismos que solucionen los problemas que pueden surgir en aspectos patrimoniales, de salud o herencia, enfrentando los problemas prácticos que hoy se presentan. Este tipo de soluciones, sin embargo, no debe ser asimilado al matrimonio, que nuestra sociedad ha reservado a personas de distinto sexo, y por lo tanto tampoco debe ser considerado un primer paso hacia el establecimiento legal del matrimonio homosexual.
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