Las últimas proposiciones destinadas a formalizar jurídicamente las relaciones de pareja de igual o distinto sexo plantean, una vez más, la necesidad de fortalecer el sistema legal en lugar de destruirlo. En efecto, hemos sostenido que en nuestra legislación existen mecanismos adecuados para alcanzar los fines a que aspira toda pareja que comparte su vida, cualquiera sea su orientación. Si entre nosotros se aceptara que el matrimonio es la única institución llamada a formalizar todo tipo de convivencia, nos veríamos obligados a derogar gran parte de las normas que actualmente rigen la vida matrimonial. Así, por vía de ejemplo, no podrían aplicarse las disposiciones que regulan la sociedad conyugal, las que se refieren a las obligaciones y derechos entre los cónyuges, las relativas a las segundas nupcias, a la filiación, a la patria potestad, a la adopción, etcétera. En otras palabras, estaríamos obligados a diseñar un nuevo estatuto jurídico, fundado en distintos valores, capaz de adaptarse a una realidad que no sólo es ajena a nuestra legislación, sino radicalmente rechazada por ella, como se desprende de lo dispuesto en la Ley de Matrimonio Civil y el Código de Bello.
- Postura conservadora, por Pablo Bravo Hurtado, emol, columnas y cartas, 01/08/2010
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