CIPER Chile , por Juan Pablo Figueroa Lasch, 04/04/2008
En 1964, las mujeres chilenas fueron las principales protagonistas de una verdadera revolución. Ese año, el Servicio Nacional de Salud implementó un programa de planificación familiar llamado Control de Regulación de Fecundidad que masificó el uso y la entrega de métodos anticonceptivos en la población. La medida provocó una dura arremetida de los sectores más conservadores del país. No obstante, poco a poco se vieron los primeros resultados: un descenso de la natalidad y la desaparición progresiva de las muertes a causa de abortos clandestinos.
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A pesar de que en Chile el aborto es condenado judicialmente en todos sus preceptos -el aborto terapéutico se incluyó en el Código Penal en 1989, a fines de la dictadura-, en los estudios internacionales sobre el flagelo el país aparece citado varias veces: es uno de los tres que lo penaliza por completo y sus tasas duplican las de naciones donde el aborto es legal, como EE.UU. y Canadá. Además, según un informe realizado en 2004 por el doctor Aníbal Faúndez, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, Chile posee la mayor cantidad de embarazos interrumpidos de Latinoamérica. Las cifras, basadas en los registros de arrestos, muertes y egresos hospitalarios por dicha causa, hablan de 40.000 abortos clandestinos anuales y una tasa de 50 por cada mil mujeres en edad fértil.
-Acá está la menor tasa de mortalidad materna por aborto, pero sin duda, la tasa más alta de abortos de la región –asegura Faúndez.
Entre 2001 y 2005, los egresos hospitalarios por aborto en Chile alcanzaron un promedio anual de 33.992. Aunque no se especifica entre abortos espontáneos e inducidos, el doctor Ramiro Molina dice que “se estima que el 10% de ellos corresponde a abortos naturales, el resto son todos provocados”. Y esos sólo son lo que llegan a registrarse porque algo falla y deben acudir a los hospitales.
De esa cifra, pocos son los que llegan a ser penalizados. Actualmente, nueve personas se encuentran privadas de libertad en Chile por cometer prácticas abortivas. De ellas, cuatro son imputados y cinco condenados.
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